El proceso de paz en Colombia impulsado por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos desde el pasado 11 de junio abre la discusión
y pone sobre la mesa el dialogo con la sociedad, acerca del segundo punto de la
agenda negociada: la participación política de las Farc en la rama del poder
legislativo de Colombia. La verdadera cuestión que surge es si esta
participación se puede dar de forma electoral o sin elecciones.
Tras
la firma del acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, como primer punto a
desarrollar de la agenda temática del diálogo de paz desde La Habana, Cuba,
surge desde el 11 de Junio el desarrollo del segundo punto y no menos
importante en donde las dos delegaciones unen sus dialogos en cerrar un
acuerdo sobre el segundo punto de la agenda negociada acerca de la
participación política, en donde el ejecutivo busca establecer "el paso de
las balas a los votos" y la apertura del sistema político al grupo armado
como construcción de un proceso transicional justo, seguro y moderno.
En
este contexto, surge la inquietud acerca de encontrar el mejor mecanismo o
“formula” por medio de la cual se abrirá paso participativo a las Farc en el
legislativo, se busca darle cabida democrática a un grupo alzado en armas que
aún sigue efectuando atentandos en contra de la población civil, sí, en contra de aquellos mismos que pretende representar en el órgano parlamentario.
Existen
dos caminos diferentes, que atienden a dos visiones políticas distintas, uno de
ellos consiste en blindarlos de tal forma que puedan ingresar al Congreso de la
República como congresistas legitimados,
no por los votos, sino por una decisión política unilateral; la otra vía que
considero más justa y significativa sería brindarles todas las herramientas y
garantías necesarias para que impulsen un movimiento político propio, entren al
ruedo político como todos los demás, y a través del apoyo de sectores afines
lleguen al Capitolio, que sean los colombianos los que decidan quienes serán
sus representantes, basados por supuesto en el principio constitucional de la
soberanía popular.
Existe
una propuesta del presidente de la
Cámara de Representantes de Colombia, Hernán Penagos, quien afirma que sí
existe la posibilidad de que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan ocupar curules especiales sin que
medien unas elecciones, ya que en la historia nacional no sería nada nuevo,
porque ese mismo proceso fue dado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) como
parte del proceso de desmovilización promovido por Virgilio Barco en 1990; pero
claro, para que ésta sea una propuesta viable tendríamos que hablar de reducir
el umbral para las próximas elecciones legislativas, y esto no sería fácil.
Vemos
que la verdadera cuestión que se está jugando en La Habana, es saber cuánto
sería el precio a pagar por la Paz de Colombia, por supuesto, que va más allá
de una firma y una solemnidad mediática en el exterior. La paz es una
construcción social en donde cada uno de los ciudadanos es co-responsable del
bienestar del otro, el buen manejo del postconflicto no vendrá del Gobierno
Nacional, ni del presente ni del próximo, sino que se debe dar desde la
micropolítica, hablando desde la esfera de cada familia, escuela, universidad,
trabajo.
Sabemos
que el segundo punto programático en la agenda negociada, no será una decisión
nada fácil, porque para darse la misma abría que recurrir a cambios constitucionales
relevantes dados desde el Congreso de la República. Nuestra institucionalidad y
principios nacionales no deben estar dispuestos a ceder más, ya que en este
momento no existe la total garantía que la guerrilla tenga una voluntad real
política de dejación de armas y de renunciar a su ideal de refundar el Estado.
@TaniaLopezLizca
