Mucho se ha hablado acerca de los pros y contras que traería consigo la legalización de la marihuana o cannabis y su impacto en la sociedad, pero con la finalidad de aterrizarlo al caso colombiano, debemos entender que para abordar tan compleja problemática hay que hacer una clara distinción entre legalización, prohibición, consumo y narcotráfico, porque de su análisis es que podremos plantear la línea de trabajo correcta para brindar las soluciones adecuadas que necesita el país.
El debate a nivel nacional ha ido girando en torno a posturas que se mecen en el péndulo de la legalización y la prohibición, y de la esfera privada del consumo y la esfera pública del narcotráfico. Es por ello, que hemos encontrado puntos de vista a favor de la legalización tal como lo es el movimiento progresista conocido como Carnaval Cannabico, y al otro extremo encontramos a la Procuraduría General de la Nación que presenta un libro sobre los 8 mitos de la legalización de las drogas. Ahora bien, en cuanto al consumo vemos que la Corte Constitucional emitió una arriesgada sentencia en la cual despenaliza el porte de la dosis mínima personal y deja de ver al consumidor como un delincuente a verlo como un enfermo en el plano social; y aun así vemos que lo más difícil ha sido ponernos de acuerdo en el control de tráfico de droga porque más allá de las implicaciones económicas -que son importantes- no debemos dejar a un lado las implicaciones sociales, culturales y generacionales que nos podría dejar a nuestra sociedad el tomar una mala decisión respecto a este importante tema.
Es por ello que mi postura plantea ir en contra de la legalización y también de la prohibición, siendo ellas posturas radicales que han producido, primeramente, el fracaso en la lucha contra las drogas a nivel internacional y a la vez, reacciones contraproducentes en el plano nacional. Fundamentalmente la legalización es inapropiada e inconveniente, ya que si bien no difiero en su uso industrial y médico, considero simplemente que por el hecho de legalizarla, el Estado como garante de bien común, le está dando implícitamente su visto bueno frente a lo público con una connotación moral de ser aceptable y no es símil, de estar a la vanguardia de los países desarrollados a nivel mundial; sino que al contrario, en la práctica envía el mensaje incorrecto a las nuevas generaciones, porque les estamos diciendo que es más sencillo conseguir una droga –sin importar que sea blanda o fuerte- que comprar pan en cualquier esquina del barrio.
La prohibición, también ha reflejado convertirse en un craso error, no solamente porque lo prohibido se hace más deseado, sino que evidentemente ha tenido un impacto negativo en la demanda del mismo, ya que al ser un bien escaso y con mucha demanda, hay mayor elasticidad y su precio sube, haciéndolo un negocio más rentable y apetecido por sus fines lucrativos para las bandas criminales, los grupos alzados en armas, los carteles de narcotráfico en el país y sin contar el tráfico de drogas que se comercializa a nivel trasnacional. La prohibición tampoco ha sido la solución y se ha visto reflejado en el fracaso de la lucha internacional contra el narcotráfico, que desde su doble moral ha promovido Estados Unidos y algunos países emergentes.
Por tal razón, el rol del Estado es REGULAR, enfatizo así, que aunque lastimosamente sea una carga mayor que se le suma al aparato estatal, debemos buscar es la regulación de la droga, sin distinción alguna, mediante políticas que controlen su consumo, distribución y busquen mayor educación y jornadas de concientización al respecto. Ese sería un camino a construir, donde todos seamos participes desde la visión Bottom up de política pública y trabajemos conjuntamente: sociedad civil, centros educativos, iglesias, partidos políticos, medios de comunicación y Estado como articulador de los intereses y necesidades que requiere con urgencia nuestra convulsionada sociedad.
@TaniaLopezLizca
Publicado el martes 30 de Septiembre de 2014 en Correo Político.
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