La leguleyada en nombre de la Paz

Quiero hablarle a usted ciudadano de a pie, colombiano, trabajador, estudiante, hombre, mujer, joven, y persona interesada en el futuro de este país con el fin de entender juntos lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, y de cómo nos debe interesar lo que está sucediendo respecto a los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

Quiero decirle que se está pasando por alto la Constitución Política de Colombia, ya que se están introduciendo algunas modificaciones a la Constitución Política Nacional para blindar los acuerdos de paz en donde se busca sumar un artículo transitorio mediante el Acto Legislativo por la Paz, que pretende tramitar la implementación de los acuerdos en tres debates sin que se den los ocho debates correspondientes al trámite ordinario de un acto legislativo, ya que tal y como corresponde, sin excepción, a la iniciativa de modificar la Constitución se requiere de una segunda vuelta en el trámite de las comisiones y plenarias de cada cámara (ocho debates correspondientes en un lapso no superior a dos períodos legislativos consecutivos) en el Congreso de la República, y para el trámite de proyectos de ley solo serían necesarios dos debates y no cuatro, tal y como exige la ley.

Claramente este Acto Legislativo por la Paz está violando la Constitución, no solo de forma sino también es inexequible de fondo, porque un contenido de trascendencia para el país que no requiera pasar por los ocho debates debidos en dos legislaturas no tendrá una discusión profunda, en la cual la opinión pública se pronuncie, la sociedad colombiana asimile el articulado de los acuerdos con el fin de saber que le conviene al país y que no, y la refrendación del Acuerdo Final se dé no a través de un plebiscito sino a través del mecanismo idóneo que sería un referendo en donde Colombia conozca a ciencia cierta lo que está aprobando.

De la misma forma, otro peligro existente es que se pretende aprobar un acuerdo que ni siquiera el Congreso conoce, siendo el órgano legislativo y representativo del pueblo por excelencia en su calidad de constituyente derivado, sería un verdadero riesgo que se apruebe un cuerpo normativo que el Congreso no ha leído ni se ha puesto a su consideración, ya que se busca que el Acuerdo Final, una vez se firme y entre en vigor, ingrese al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación.

Por lo tanto, ¿Quién nos garantizará que nada entrará en vigencia hasta que sea refrendado el acuerdo por los Colombianos? El Acto Legislativo por la Paz pretende elevar los acuerdos a categoría “Especial” y blinda jurídicamente lo que se pacte con las Farc. Acuerdo Final que será considerado como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.Esta leguleyada jurídica tiene varios vacíos, uno de ellos es que el Gobierno ignora que un Acuerdo especial es para regular asuntos exclusivos de Derecho Internacional Humanitario (DIH); en ese articulado no caben las reformas agrarias, reformas económicas o de justicia, participación política, etc, esos temas por definición no pueden ser incluidos, y obstinadamente, es lo que pretende el Gobierno Nacional y las Farc al darle estatus de “Especial” al Acuerdo con reconocimiento a nivel internacional.

Por otro lado, otro vacío se encuentra en la errónea visión del Gobierno Nacional de darle una categoría a las Farc que no tiene y es el de grupo beligerante, es decir,según el DIH les están dando un nivel de sujeto de Derecho Internacional lo cual implica dejarlo al mismo nivel del Gobierno Colombiano al suscribir un acuerdo con el Gobierno, constituyéndose esto en un exabrupto.

Por todos estos argumentos, el acuerdo jurídicamente se cae, pero desde un punto de vista integral también posee muchos quiebres, ya que la actuación de las Farc desde hace mucho tiempo dejo de ser en pro de una reinvindicación legítima e histórica de justicia y lucha social, sino la realidad demuestra que al involucrarse en el narcotráfico, en usar el crimen organizado y la delincuencia común para sus fines terroristas, han fortalecido los carteles criminales del país, acentuado el conflicto armado interno y generado nuevas formas de violencia a través de las vías de facto. Sin expresar de alguna manera arrepentimiento genuino y voluntad real de reconciliación.

Si no reflexionamos a tiempo sobre estas alertas, tendremos unos acuerdos viciados y con falencias graves que no darán por resultado la terminación del conflicto y la reconstrucción de una paz estable y duradera en Colombia, sino por el contrario nuevos ciclos de violencia generacional y una “paz” con impunidad, sin cimientos verdaderos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a largo plazo.

Twitter. @TaniaLopezLizca

Publicado el 23 de Mayo de 2016 en Blogs El Tiempo: http://bit.ly/1NGWgzI

¿¿NOS REPRESENTA LA CORTE CONSTITUCIONAL??

Éste artículo si bien controvertido, es necesario para sensibilizar a la sociedad y dar a entender a cada colombiano que está en peligro nuestra organización y convivencia social. Este es una llamado de atención para cuidar y salvaguardar lo que por tantos años hemos construido en torno a consensos democráticos y mayoritarios. Hoy promuevo una lucha frontal por preservar lo único que nos queda en la vida, cuando todo se ha ido: LA FAMILIA.

Colombia es una nación donde históricamente han confluido distintas forma de convivencia. Sin importar condiciones de sexo, raza, religión, idioma y formas de ver el mundo, todas estas variables se han asentado en un mismo territorio. Es por ello que la INDIVIDUALIDAD parte como premisa de la concepción de persona en la nación, dejando de lado los estereotipos, moldes y características que adornan a una persona llegamos evidentemente a los que queda, el Ser. Es en el Ser, como categoría filosófica donde quiero ocupar la primera parte de mi reflexión.

La persona por el hecho de ser persona posee inherentemente en su esencia DIGNIDAD y VALOR intrínseco, es por ello que partiendo es esta base es imperativo defender siempre esta cualidad propia del ser humano, el respeto por su vida, igualdad y libertad, por encima de cualquier cosa. En la búsqueda de la defensa de estos principios o virtudes perpetuos entra paradójicamente en oposición la lucha por derechos que exigen minorías con el fin del tergiversar el imaginario colectivo de la sociedad en pro de sus deseos, intereses y beneficios particulares. Las comunidades de diversidad sexual buscan beneficios constitucionales a costa de la inestabilidad y el cambio social por medio de la obtención de la prevalencia de su interés particular como colectividad.

La superposición del interés individual sobre el interés general atenta contra cualquier principio democrático de ordenamiento y armonía social en búsqueda del bien común, que es el bien último y la aspiración máxima de consecución de cualquier sociedad. 

Ahora, partiendo de los fundamentos presentados previamente quiero enfatizar que hay una clara diferencia de garantizar y velar por el respeto propio que se le debe a cada persona de la comunidad LGBTI a promover la llamada "reivindicación de derechos particulares" que exigen y demandan en contra de la constitucionalidad; como lo es el caso puntual de ir en contra de la institución natural y jurídica de la FAMILIA, seguido de ir en oposición a la segunda institución social que es el MATRIMONIO, y producto de ello alterar el orden natural al buscar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Así que teniendo en cuenta que Bogotá, la capital de Colombia se ha convertido en "una de las ciudades más incluyentes y con políticas abiertas a la diversidad sexual", yo me pregunto ¿Qué es lo que más demanda, hasta qué punto quieren llegar? ¿De qué tipo de discriminación estamos hablando? Ciertamente son personas que jurídicamente han sido tenidas en cuentas en el país, por lo tanto ¿Le están pidiendo al Estado que desarraigue de cada ciudadano sus buenas costumbres, tradiciones e instituciones por ir en beneficio de la dictadura de la minoría?
Ahora, se ha aplazado la votación de este controversial proyecto de ley por más de dos veces. Todos los colombianos estamos a la expectativa de lo que pase en el Congreso, pero quiero alertar que el verdadero peligro se encuentra frente al Capitolio: La Corte Constitucional, está legislando, se extralimita en sus funciones, al punto de llegar a decir que desde el 20 de Junio los homosexuales podrán acudir ante el notario o juez competente, con el fin de formalizar y solemnizar su vínculo... Que es esto? acaso nos está burlando como democracia? la decisión que tome el Congreso será solo un títere frente al país mientras que la verdadera regulación de la unión de parejas del mismo sexo se realizará a través de la sentencia C-577 de 2011? ¿Dónde quedo nuestra representación, donde? que no la veo.

@TaniaLopezLizca